Constructores y ecologistas exigen una solución para los residuos de obra.
AECOP recuerda que hace más de una década que se planteó al Ayuntamiento el problema y la urgencia de actuar. ASDEN alerta de que ¿en todos los pueblos hay una escombrera ilegal pegada al núcleo. Eso es intolerable?
“En el tema de vertederos está todo por hacer porque no se ha hecho nada y, si se ha hecho, está mal”. El portavoz de ASDEN, Roque Ortega, es franco al pronunciarse sobre uno de los problemas que afecta prácticamente a toda la provincia: “Hay vertederos y escombreras ilegales en todos los pueblos de Soria, pegadas a los núcleos urbanos, en espacios naturales, y algunas, incluso, con productos contaminantes como betún. Es algo intolerable”, ratifica Ortega, al tiempo que exige a las administraciones un “compromiso serio” para “hacer cumplir la normativa”.
En similares términos se manifiestan las empresas de construcción de la provincia, que hace ya más de una década que pusieron sobre la mesa la problemática y la necesidad de buscar una solución a la falta de infraestructuras donde llevar los escombros de sus obras. “Desde la época de Eloísa Álvarez como alcaldesa ya mandó una carta AECOP (Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria) al Ayuntamiento diciendo que había que buscar una solución al Vellosillo”, señaló ayer el presidente de la agrupación, Pedro Soto Orte, quien advirtió de que el vertedero actual de la capital donde se dirigen la inmensa mayoría de los vertidos de la provincia “no cumple” y “está saturado desde hace ya mucho tiempo”.
LA NORMATIVA
Un centro de tratamiento provincial
El Real Decreto de 2008 sobre residuos de construcción y demolición y el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Construcción y Demolición 2008-2010 aprobado en julio por la Junta y que regula en la provincia la recogida de residuos de obra es claro en este sentido: “Se debe articular un sistema de gestión de residuos que incentive la prevención, favorezca la valorización y la reintroducción de los materiales obtenidos nuevamente en los ciclos formativos”. Pero la claridad de los términos recogidos en el plan regional no es sencilla de ejecutar, máxime si se tiene en cuenta que el problema lleva muchos años enquistado y que las administraciones han interferido muy someramente ante él dada la dificultad de exigir responsabilidades a municipios que no cuentan con los medios económicos ni humanos para establecer un control de los vertidos.
La situación no es fácil para nadie. Los constructores necesitan desprenderse de los residuos de sus obras, pero los vertederos y escombreras que se han habilitado (directamente por los ayuntamientos o de manera independiente y alternativa) no están autorizados para ellos y, además, en la mayoría de los casos están desbordados por la cantidad de residuos que, sin ningún tipo de control, se han acumulado a lo largo de los años. Para colmo, los que sí están legalizados están ya saturados, por lo que tienen fecha de caducidad. Las administraciones son conscientes de la complejidad del asunto y trabajan por buscar una solución a un problema que se presenta complicado ya que precisa de la inversión privada, y los números no salen.
El plan regional, de obligado cumplimiento, obliga a construir en Soria una planta de tratamiento de primer nivel (una central de tratamiento donde los residuos puedan ser clasificados, tratados y revalorizados a través del reciclaje) y seis de segundo nivel (centrales de recepción de residuos de construcción y demolición). Además, contempla la creación de siete vertederos de cola y dos depósitos de residuos no peligrosos.
Las infraestructuras necesarias para una buena gestión de los residuos de construcción, sobre papel, están claras; si bien las dudas surgen a la hora de aclarar a quién compete su ejecución y la fórmula para llevarla a cabo.
Constructores, ecologistas y administraciones coinciden en la necesidad de crear en Soria un centro provincial de tratamiento de residuos de la construcción y demoliciones (como el centro de tratamiento de residuos urbanos de Golmayo pero para vertidos de obra). Convienen también en la puesta en marcha de centros de recogida comarcales y en la construcción de vertederos donde se lleven los residuos imposibles de reciclar. Divergen sin embargo a la hora de ponerse de acuerdo en quién debe asumir esta actuación.
AECOP
Lo primero, un nuevo vertedero
Los constructores, por su parte, lo tienen claro: “La solución pasa, en primer lugar, por que el Ayuntamiento resuelva la necesidad de un vertedero nuevo; porque el que hay actualmente no cumple”, indica Soto Orte, quien advierte de que, hasta que no ofrezca otra alternativa, a las empresas del sector no les queda más remedio que “seguir llevando al Vellosillo”.
Solucionado esa cuestión básica y urgente, será el momento de afrontar la implantación del centro de tratamiento que recoge el plan regional, apunta el presidente de la asociación de empresas de la construcción de Soria, quien aventura ya que para la puesta en marcha de este proyecto será necesario compatibilizar recursos públicos y privados. “En este caso se da un problema añadido, porque la Administración dice que hay que resolver el tema del reciclaje, y eso no se puede hacer porque no es rentable”, matiza el presidente de AECOP, quien aventura ya que ninguna empresa va a querer afrontar un proyecto que, de antemano, se sabe que no ofrece beneficio.
“El problema de Soria es que no salen suficientes metros cúbicos para una instalación de este tipo, por eso la iniciativa privada no se va a meter en un negocio en el que los números no salen”, justifica. Ante esta situación, avanza, “deberán ser las instituciones, Junta, Ayuntamiento y Diputación, quienes tomen la iniciativa; aunque luego tenga que continuar la iniciativa privada”.
MEDIO AMBIENTE
Coordinar esfuerzos e inversión
El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Soria, José Antonio Lucas, reconoce que el tema es “complicado” por la historia que acumula y porque el plan regional todavía es muy reciente. Por ello, insiste en trabajar siendo “realistas y conscientes” de la situación y, sobre todo, abogando por la concienciación y la coordinación de esfuerzos.
“La Junta ha elabora un plan regional teniendo en cuenta a empresarios, cámaras, federaciones… para que todos ellos aportaran. Ahora es el momento de ejecutar ese plan, que lo que pretende es buscar sitios adecuados y llevar allí todos los residuos de construcción para, una vez ahí, tratarlos”, indica Lucas, insistiendo en que lo fundamental de este nuevo sistema de gestión es la revalorización de los materiales.
En alusión al modo de ejecución de esos centros, el responsable de Medio Ambiente en Soria anuncia: “La Administración colaborará para facilitar esos puntos, pero luego la gestión la llevará la empresa privada”.
El plan regional, en el capítulo 10 dedicado a financiación, contempla tres opciones, inversión pública, privada y mixta y, aunque matiza que las infraestructuras deberán ser asumidas por la iniciativa privada, reconoce también que será “con apoyo de las administraciones públicas para fomentar la actividad empresarial”.
“Esto supone que el papel de la Administración no sea el de ejecutar, sin o más bien el de guiar y evaluar estas iniciativas fomentando en todo momento la innovación y la aplicación de las mejores tecnologías dispones y colaborar allí donde sea necesario”, especifica el plan sobre el polémico asunto de la financiación de las infraestructuras que exige la normativa vigente.
DIPUTACIÓN
Difícil porque no es rentable
El presidente de la Diputación, Domingo Heras, reconoce que el problema es grave pero cuestiona cómo solucionarlo. “Es difícil que haya una empresa que quiera entrar en esto, y más ahora con la caída que ha sufrido el sector”, considera Heras, quien, entre otras complicaciones, apunta los escasos volúmenes de residuos que se manejan en Soria y que hacen menos rentable una inversión de este tipo, la diversidad de los puntos de producción de los vertidos, y el encarecimiento del traslado de los residuos.
“Es un tema que compete a la iniciativa privada pero ésta no entra porque no es rentable, con lo cual no le queda más remedio a los ayuntamientos que habilitar sitios. El problema es cuando allí se echa de todo y no sólo vertidos”, concluye, incidiendo en la necesidad de que la gente se conciencie y utilice el centro de tratamiento de residuos sólidos de Golmayo y los 21 puntos limpios que existen en la provincia, y que pronto serán 24.
En alusión a los dos grupos empresariales (uno de Soria y otro de fuera) que en su día se presentaron a Diputación y Ayuntamiento ofreciendo proyectos de plantas de tratamientos de residuos de construcción como las que exige la normativa, Heras matizó: “Esas opciones no se han retirado, pero lo cierto es que ninguna da el paso definitivo”.
AYUNTAMIENTO
La crisis frena las iniciativas previstas
Por su parte, el concejal de Servicios Locales de Soria, Javier Antón, insistió en que “seguimos trabajando con Diputación y las empresas privadas de la construcción para la creación de un centro de tratamiento de residuos de la construcción y demoliciones que sea útil de la provincia”, si bien lamentó que “la crisis ha hecho disminuir los productos y, con ello, los estudios económicos con los que trabajaban esos grupos se han visto afectados”. “Lo que no se puede hacer es cobrar excesivamente caro el tratamiento porque encarecería el precio de la vivienda y no es el momento”, apuntó Antón, quien anunció que “las empresas están en ello, intentando buscar una fórmula para que sea viable el producto sin compensar la falta de residuos entrantes con el encarecimiento del tratamiento”. En alusión a las competencias, Antón miró únicamente fuera de las arcas municipales y consideró: “la iniciativa debe ser privada, aunque los ayuntamientos nos comprometemos a exigir, a través de las ordenanzas municipales, que los residuos vayan a esos centros”.
ECOLOGISTAS
La necesidad de un cambio de rumbo
“Es indudable que los vertederos son necesarios, pero lo que no puede ser es que haya en todos los sitios y que todos sean ilegales. Se debe hacer cumplir la normativa y crear vertederos comarcales donde los vertidos urbanos tengan el tratamiento adecuado y se puedan reciclar”, ratifica, insistiendo en que “no se puede continuar como hasta ahora, convirtiendo todos los barrancos en escombreras en las que se tiran residuos de construcción y todo tipo de vertidos”.
En la provincia haría falta una inversión de 6,5 millones para cumplir la normativa vigente
El plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de Castilla y León que entró en vigencia el pasado año y que estará en vigor hasta 2010 estima que en Soria sería necesaria una inversión de 6.571.657 euros para adaptar la situación a la normativa.
De esta cantidad, 1.568.455 euros iría destinado a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de primer nivel y el vertedero asociado, es decir, la central principal donde se tratarían los residuos y se revalorizarían. Sería un centro único en toda la provincia y estaría ubicado en la capital.
La inversión más importante iría destinada, según este plan, a la puesta en marcha de las seis plantas de segundo nivel, con sus vertederos asociados. En total, supondrían una inversión de 4.696.358 euros. Según el documento (en el capítulo donde se contemplan las ubicaciones correctas), estas plantas deberían ir ubicadas en Almazán, Arcos de Jalón, El Burgo de Osma, Covaleda, Ólvega y Serón de Nágima, poblaciones que se entienden pueden ser focos comarcales de recepción de residuos.
La adecuación a la normativa supondría también un desembolso de 306.844 euros destinado a la construcción de un vertedero de 2.000 toneladas al año. Éste sería el lugar donde se ubicarían esos residuos que no son reciclables.
El plan, además de las ubicaciones actuales, contempla la creación de vertederos de residuos no peligrosos en zonas aisladas. Se prevén dos emplazamientos para los municipios de Yanguas, Villar del Río y retortillo de Soria.
La normativa regional entró en vigor en julio de 2008 y este año se prevé ya, a finales de 2009, una revisión que “permita sacar conclusiones”.
Heraldo de Soria 01/04/2009
